Ruta nacional N°1 tramo San José – San Ramón

Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional

El Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional, conformado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI) y la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (ACCCR), ha manifestado en ocasiones previas su preocupación por el deterioro,  falta de inversión e inacción en la  infraestructura vial del país.

Las obras viales son esenciales para promover el desarrollo de cualquier país, incentivar la inversión privada y aumentar la competitividad. Adicionalmente, el congestionamiento vial y el deterioro de las obras viales disminuyen la calidad de vida de los costarricenses, y aumentan, de manera desmedida, los costos de operación y mantenimiento de la flota vehicular.

El Grupo ha señalado anteriormente proyectos viales específicos que no se han ejecutado o que tienen retrasos en el avance de la obra, y que son fundamentales en el desarrollo del país.  La ruta nacional N°1, tramo San José - San Ramón, de 56 kilómetros, es uno de los proyectos que este Grupo considera fundamental, y que, en noviembre del año 2015, se reiteró su importancia al incorporarlo como número uno en prioridad en la lista de proyectos viales a desarrollar.

El proceso de contratación que ha tenido el proyecto de la ruta N°1 ha sido muy largo. En primera instancia se iba a desarrollar por medio de una concesión de obra pública, sin embargo, ante conflictos sociales con las comunidades del sector occidente, en año 2013, se finiquitó el contrato de concesión con la empresa brasileña OAS, por un monto de $524 millones, lo que implicó un pago de $35 millones a esa empresa por concepto de indemnización. Posteriormente, se aprobó la ley N°9292 para ejecutar el proyecto mediante un fideicomiso, y el 27 de enero del 2017, mediante el oficio DCA-0191, la Contraloría refrendó el contrato de construcción del Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales, suscrito por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad con el Banco de Costa Rica, derivado de la mencionada  Ley No.9292, “Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales mediante fideicomiso”.

En las últimas semanas, se ha generado un momento de confusión a partir de la orden de suspensión temporal del desarrollo del fideicomiso, y a la vez, la respuesta del Banco de Costa Rica de solicitar una serie de cambios importantes, de forma y fondo, en el contrato ya firmado.  Lo anterior ha provocado una serie de cuestionamientos y discrepancias entre las partes, que preocupa a la sociedad como un todo.

Por lo anterior, este Grupo, convencido de que deberían existir soluciones técnicas y legales que permitan una ejecución más eficiente del proyecto, considera de fundamental importancia se genere un espacio de análisis y discusión entre las partes involucradas que permita resolver esta nueva situación, para que se haga el mayor esfuerzo en atención a la legislación vigente, y la necesidad urgente que tiene el país de desarrollo en el menor tiempo posible. Se deben consensuar posiciones, de tal forma que el proyecto pueda salir adelante, y ser ejecutado en los plazos previstos.

Costa Rica no puede seguir esperando el desarrollo de obras fundamentales.  Es un deber ciudadano poner lo mejor de las capacidades personales e institucionales, para lograr resolver los problemas presentados y coadyuvar con el interés legítimo del país. Es también, una responsabilidad histórica.

Se insta entonces a que las decisiones por parte de los actores responsables involucrados (Banco de Costa Rica y Consejo de Administración del CONAVI), respondan al interés público, sean ágiles y transparentes, y posibiliten que la ciudadanía tenga certeza de la continuidad eficiente y efectiva del proceso iniciado, así como del respeto, durante la ejecución del proyecto, de los principios de contratación administrativa y libre competencia.

El Grupo, como lo ha hecho en otras oportunidades, se pone a disposición de las autoridades del Gobierno Central para colaborar, si así se considerara necesario, en la obtención de los objetivos necesarios para la ejecución del proyecto.

(Fuente: Periodico La República)